HACIA UNA ECONOMÍA SOLIDARIA: PROMOCIÒN Y DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO

 Roberto Claros Cohaila

Socio de A&R Consultores

 

Después del surgimiento del cooperativismo, en Rochdale – Inglaterra – 1844, nace en Londres       la Alianza Cooperativa Internacional, que cuenta con más de 300 organizaciones, en 107 países y 1,000 millones de cooperativistas en todo el mundo.

 

En nuestro país, las cooperativas, dejaron de estar reconocidas en la Constitución de 1993, como si lo estaban en la Constitución de 1979. En su artículo      116 señalaba: “El Estado promueve y protege el libre desarrollo del cooperativismo y la autonomía      de las empresas cooperativas; asimismo, estimula y ampara el desenvolvimiento       de las empresas autogestionarias, comunales y demás      formas asociativas     ”. En consecuencia, con la Constitución de 1993, se ha pretendido poner fin a un modelo, reconocido ampliamente a nivel mundial, enmarcado dentro de la economía solidaria; el mismo, que en nuestro país, tiene sus raíces      desde las culturas pre-incas, que desarrollaron  actividades agrarias y un manejo colectivo de las tierras a través      del AYLLU, así como desconocer los logros del movimiento obrero, mutualista, de las sociedades de auxilio mutuo y del cooperativismo de mediados del siglo XX, dejando      de lado el marco normativo establecidos en 1964 y 1981, primer y segundo gobierno del Arq. Fernando Belaunde.

 

A pesar de la Constitución      de 1993, y sin apoyo, ni promoción ni      fomento; las cooperativas siguen funcionando, principalmente las agrarias, servicios y las de ahorro y crédito     . Recién      el 2008, mediante Ley Nº 29271, se establece que el Ministerio de la Producción es el sector competente en materia de Promoción y Desarrollo de Cooperativas.

 

PRODUCE, a través de la Dirección de Cooperativas e Institucionalidad, promovió con éxito la conformación       de  un Grupo Técnico Multisectorial para el Desarrollo Cooperativo (GMT DC     ), con quienes impulsaron el Primer Censo de Cooperativa, aplicado por el INEI el 2016 y publicado el 2017.

 

Durante el año 2018, desde la Dirección      de Cooperativismo e Institucionalidad      del Ministerio de la Producción, se intentó      la formulación      de una política pública sectorial de promoción y desarrollo de las cooperativas. Para tales efectos el Equipo de PRODUCE y del Grupo Técnico Multisectorial para el Desarrollo Cooperativo (GTMDC) con el apoyo financiero de la OIT, apoyaron el trabajo de revisión de la normatividad vinculada al sector cooperativo, los alcances de la RECOMENDACIÓN      Nº 193-OIT, las políticas públicas nacionales relacionadas al sector, y las políticas internacionales para el desarrollo cooperativo. Sin embargo, el ruido político     ,   una vez más      frenó      el entusiasmo      de los representantes sectoriales y de los actores claves del movimiento cooperativo en nuestro país.

 

Todo el esfuerzo técnico desarrollado por PRODUCE, y la demanda del movimiento cooperativo no estuvo en la agenda o prioridad del Congreso de la República     ; esto al ser un tema o sector invisible en la Constitución      de 1993.  En materia legislativa, lo que hemos tenido, es una política      de parches, se legisla por demanda y de acuerdo      a la coyuntura, quedando pendiente en este caso el trabajo integral de una ley general para la promoción      y desarrollo      de cooperativas. A continuación, las dos últimas      leyes relacionadas con cooperativas:

 

1. Ley 308822, que dispone que partir de enero del 2019, las cooperativas de ahorro y crédito, y las centrales pasan a ser reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).
2. LEY Nº 31335, LEY DE PERFECCIONAMIENTO DE LA ASOCIATIVIDAD DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN COOPERATIVAS AGRARIAS, APROBADA el 09 de agosto del presente año.

 

Sobre esta última Ley, presentamos algunos      comentarios preliminares y los beneficios más      relevantes:

• Como estrategia de fomento y promoción , la ley plantea extender los beneficios de las MYPE a favor de las cooperativas.
• Otorgar a las cooperativas un 10% de puntaje adicional, como premio  a la asociatividad, en los procesos de selección      de compras estatales.
• Condiciones promocionales para que las cooperativas agrarias accedan a la titularidad de las tierras en los proyectos especiales de irrigación .
• La celebración  de convenios priorizados en temas de innovación y asistencia técnica con entidades especializadas del sector agrario.
• La modernización  tecnológica      de las cooperativas agrarias; así      como, las exportaciones con valor agregado.
• En cuanto a la transformación            de asociación      a cooperativa, se dispone incentivar la transformación      de asociaciones de productores en cooperativas agrarias. Para lo cual, el 50% pasará al capital social; acreditando a cada socio.
• Las cooperativas agrarias, NO pagarán impuesto a la renta ni IGV, por las operaciones económicas que realicen con sus productores socios, al entenderse estas operaciones como Actos Cooperativos.
• En cuanto al régimen  tributario, para las cooperativas agrarias, ganaderas, forestales     , industriales y CENTRALES de cooperativas, dispone que los beneficios que generen las operaciones con terceros, pagarán      una tasa preferencial y escalonada por impuesto a la renta.
• Los socios de las cooperativas NO pagarán impuesto a la renta cuando  sus ingresos netos no sean mayores a 132 mil soles. Cuando superen este monto, pagarán      una tasa de 1.5% de sus ingresos.

 

La gran expectativa que genera, la entrada en vigencia de  la       LEY Nº 31335, pasa por su difusión y su reglamentación, pero principalmente por el impulso y muestras de voluntad política      del nuevo gobierno, por atender al sector agrícola     , disminuir la informalidad     , y aprovechar las potencialidades que el movimiento      cooperativo genera     ; a través      de sus principios y valores universales; esto por cuanto la razón de ser del movimiento cooperativo tiene inmerso un componente social que en las actuales circunstancias resulta propicio como alternativa de desarrollo territorial. Además     , porque el cooperativismo está comprendido o asociado a la economía      solidaria, economía humana, asociatividad y comercio justo. Finalmente, es hora de proteger al trabajador, al que produce y evitar los intermediarios que encarecen los productos o se quedan con las utilidades de quienes producen. Cabe señalar que el MIDAGRI informó      la designación como jefe del Gabinete de Asesores a Eduardo Zegarra Méndez, Investigador principal en Grade, especialista en políticas agrarias, mercados de tierras y gestión del agua e innovación tecnológica en agricultura.

¿SIRVEN LOS PLANES DE GOBIERNO EN NUESTRO PAÍS?

 

¿SIRVEN LOS PLANES DE GOBIERNO EN NUESTRO PAÍS?

 

                                                                      Roberto Claros Cohaila

Socio de A&R Instituto

 de   Investigación Aplicada e Innovación

 

En teoría, en cualquier organización pública o privada, los planes deben ser considerados de vital importancia. Tratándose de un nivel de gobierno, estos deben ser el referente principal para la gestión, así como para los procesos de monitoreo y evaluación: sin embargo, en la práctica, es común observar en nuestro país, la poca importancia que se les da, inclusive desde la postulación de un candidato al gobierno nacional, regional o local. También, se observa, la poca importancia que les dan los electores, cuando no votan por una buena propuesta programática, ni por un excelente plan, y son pocos los que se interesan que se cumplan. La falta de una cultura de planeamiento y de evaluación de cumplimiento, no es solo responsabilidad de candidatos, sino de la propia sociedad civil, y principalmente de la clase política que mantiene esto, sin lugar a dudas porque les conviene, un marco normativo no vinculante entre el plan y la gestión. Esto puede ser parte de la estrategia para que nada cambie, para que se perpetúe el modelo económico y la “santa democracia” que vivimos. Aunque hay cada vez más, de los que pensamos QUE ESTO NO ES UNA DEMOCRACIA, tal vez una Oclocracia o peor aún una CLEPTOCRACIA.

De otro lado, observamos que el SINAPLAN – Sistema Nacional de Planeamiento que lidera el CEPLAN, ha hecho un gran esfuerzo, para actualizar la metodología y herramientas para mejorar el sistema, pero vemos que NO HAY VOLUNTAD POLITICA, esto lo vemos permanentemente en el Congreso, y en el ejecutivo, el poder de decisión, lo mantiene siempre, el Ministerio de Economía y Finanzas, ligado al manejo de los sistemas de presupuesto, contabilidad, tesorería, los programas de incentivos y de Presupuesto por Resultaos. En consecuencia, bajo estos mecanismos, los procesos de Descentralización y Modernización del Estado (Políticas de Estado 08 y 24 del Acuerdo Nacional) quedaran por mucho tiempo en la agenda nacional pendiente.

 

Para elegir al nuevo Gobierno Nacional, en la Resolución N.º 0330-2020 del JNE, se pide considerar los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS[1]. Para observar el cumplimiento de esta exigencia, tenemos un reciente estudio de la Universidad del Pacífico[2]. De otro lado, el formato para alcanzar el resumen del Plan de Gobierno, pide la priorización de LOS PROBLEMAS, OBJETIVOS ESTRATEGICOS, INDICADORES Y METAS CON VALOR CUANTITATIVO (2021 - 2026), esto para cada una de las DIMENSIONES: SOCIAL, INSTITUCIONAL, ECONÒMICA Y TERRITORIAL-AMBIENTAL. En consecuencia, si no hay un adecuado alineamiento de los planes de gobierno, con los ODS al 2030, y a su vez estos no apuntan AL DESARROLLO, ni al cierre de brechas, ni la priorización de los problemas, objetivos estratégicos, entonces corresponde hacerse la pregunta ¿Para qué sirven estos planes?

También es importante observar, si los planes, INCORPORAN LINEAS ESTRATEGICAS PARA LA ACCIÓN, un plan de arranque, y pautas para el monitoreo y evaluación; si esto no es así, serán simples documentos para el archivo, pero no un referente técnico, ni factor claves de éxito para la gestión gubernamental, que oriente o facilite el desarrollo de nacional, regional o local.

El primer pilar de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública está referido a POLITICAS Y PLANES, el SINAPLAN señala ampliamente la articulación de los planes sectoriales, territoriales e institucionales, estratégicos y operativos, mas no desarrolla la importancia y mecanismos para la necesaria articulación con los planes de gobierno.

El SINAPLAN navega bien en el aspecto técnico y un plan de gobierno generalmente se queda en el plano político; por tanto, aquí falta incorporar en el modelo, a los planes de gobierno, como bisagra entre lo político y lo técnico, asimismo también falta integrar y facilitar al gestor público, para que tenga una mirada politécnica y estratégica para el desarrollo.

La experiencia nos dice, que los planes de gobierno con enfoque para el desarrollo, son de vital importancia, pero observamos, que solo la calidad y coherencia de los planes, no garantizan una buena gestión, porque está de por medio, el desempeño y coherencia de la clase política, sea esta de gobierno o de oposición, y de otro lado, el compromiso, liderazgo e integridad de los gestores públicos. La experiencia nos dice también, que entre otros factores claves de éxito o factores limitantes, tenemos al capital social, participación y compromiso de los partidos políticos, la sociedad civil, y los niveles de institucionalidad y gobernanza que permitan auspiciar y apoyar la gestión y un buen gobierno para el desarrollo.

Finalmente, después de las reflexiones señaladas en el párrafo anterior, podemos ensayar a manera de conclusión, que teniendo un débil marco normativo y de espaldas a las exigencias para facilitar cambios reales que orienten al desarrollo nacional, LOS PLANES DE GOBIERNO, no sirven como referente para la gestión gubernamental. Esta última se queda en lo administrativo, mirándose el ombligo, haciendo resistencia pasiva al cambio, por eso que se hace más de lo mismo. No hay articulación ni punto de encuentro entre lo político y lo técnico. De otro lado, mientras los políticos, no tenga una mirada estratégica para el desarrollo y estén mirándose el ombligo en sus pleitos domésticos, y no asuman nuevos enfoques, actitud y compromiso, estaremos destinados a que todo esto no cambie, más aún si continua en la agenda pendiente nacional:

·         Fortalecer una cultura de planeamiento, monitoreo y evaluación de la gestión pública desde la sociedad civil.

·         Revisar el marco normativo para hacer vinculante los planes de gobierno nacional, regional y local.

·         Fortalecimiento de valores cívicos y de participación ciudadana en el ciclo de la gestión gubernamental.

·         Reforma política y electoral para cualificar la representación nacional, regional y local.

 

 

 

 

 

 

 

  

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[1] En setiembre de 2015, se aprobó en la ONU la Agenda 2030 - 17 Objetivo del Desarrollo Sostenible.

[2] Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico (2021). Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y los Planes de Gobierno.

Una presentación corta con pautas para el inicio de la gestión municipal. Esto teniendo como insumo  el Informe de Rendición de Cuentas y el registro de anotaciones durante el proceso del trabajo técnico de la comisión de transferencia.